El carnet B no tiene un precio único: estas son las partidas que forman la factura

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No existe una tarifa nacional que diga cuánto cuesta sacarse el permiso B. A 30 de septiembre de 2026, el único importe común en toda España es la tasa que cobra la Dirección General de Tráfico por tramitar las pruebas. El resto —reconocimiento psicofísico, matrícula, material y clases— se paga a empresas privadas y puede cambiar según la ciudad, el centro y los servicios contratados.

La tasa exigida es la 2.1. Corresponde a la obtención del permiso previa realización de exámenes y da derecho a presentarse a dos convocatorias. Es una tasa pública estatal, aplicable en todo el territorio español.

Ese pago no compra clases ni garantiza aprobar. Tampoco incluye el informe médico necesario para iniciar el expediente.

Antes de solicitar el examen hay que obtener un informe de aptitud psicofísica en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. La DGT no fija en su página un precio único para este servicio privado.

El informe certifica si la persona reúne las condiciones requeridas para conducir. Tiene una validez de 90 días: si se deja pasar ese plazo antes de presentar la solicitud, puede ser necesario obtener otro y volver a pagarlo.

Por eso conviene distinguir dos fechas. Una es la del reconocimiento; otra, la de apertura del expediente o solicitud de examen. La validez de 90 días afecta al certificado presentado con esa solicitud, no al tiempo completo que puede durar la preparación.

Lo habitual es preparar y gestionar los exámenes mediante una autoescuela, aunque la DGT permite solicitar por libre la prueba teórica. Presentarse por libre no elimina los demás requisitos ni resuelve por sí solo la parte práctica: para el examen de circulación se necesita un vehículo que cumpla las condiciones reglamentarias y la asistencia correspondiente.

Las ofertas de una autoescuela pueden separar o agrupar varios conceptos:

matrícula o alta;

acceso a clases teóricas, plataforma de test o manuales;

gestión administrativa del expediente;

clases prácticas, cobradas individualmente o en bonos;

acompañamiento y uso del vehículo el día del examen práctico;

renovación de matrícula o gestión si el proceso se alarga.

Son precios comerciales, no tasas de la DGT. Una oferta barata puede incluir pocas prácticas, limitar durante cuánto tiempo se accede al material o cobrar aparte la presentación al examen. Para comparar dos presupuestos hay que comprobar qué incluye cada uno, cuántos minutos dura una práctica, si el IVA está incluido y qué servicios generan un pago adicional.

No incluimos una “media española”: las fuentes oficiales consultadas no publican una y una muestra de autoescuelas concretas no representaría el mercado nacional.

No hay un número oficial de clases prácticas que garantice aprobar. La necesidad de formación depende de la experiencia y evolución de cada alumno, y el examen evalúa si se poseen las capacidades, conocimientos y habilidades exigidas para conducir.

Eso convierte a las prácticas en una partida abierta. Para entender un presupuesto no basta con mirar el precio de una clase: también importan su duración, las condiciones de cancelación, el precio del bono y si las clases no utilizadas se devuelven o caducan.

La presentación al examen práctico merece otra pregunta expresa. Algunas tarifas comerciales separan el uso del coche y el acompañamiento del profesor de las clases ordinarias. Ese importe, cuando exista, no es una segunda tasa pública.

La tasa da derecho a dos convocatorias en total. No concede dos oportunidades para el teórico y otras dos para el práctico. Si se suspende dos veces —sea en una misma prueba o repartiendo los suspensos entre teórica y práctica—, hay que presentar una nueva solicitud y abonar otra tasa para continuar.

Un ejemplo: aprobar el teórico a la primera y suspender una vez el práctico consume las dos convocatorias utilizadas, pero el proceso termina si el práctico se aprueba en ese segundo intento total. Si se vuelve a suspender, será necesaria una nueva tasa. En cambio, suspender dos veces el teórico obliga a pagarla otra vez antes de llegar al práctico.

La DGT señala además que, si se aprueba una prueba, la calificación se conserva durante dos años. Dentro de ese plazo puede continuarse con la siguiente prueba sin repetir la ya superada.

Para saber qué se está pagando, la factura se puede ordenar así:

Tasa pública de la DGT: importe oficial vigente de la tasa 2.1; corresponde a la obtención del permiso previa realización de exámenes y da derecho a dos convocatorias.

Informe psicofísico: precio del centro autorizado; el certificado vale 90 días para presentar la solicitud.

Formación teórica: matrícula, clases, manual o plataforma, según lo que incluya el contrato.

Formación práctica: número de clases multiplicado por su precio o coste del bono, atendiendo a la duración real de cada sesión.

Presentación al práctico: uso del vehículo y acompañamiento, si la autoescuela los cobra aparte.

Nuevas convocatorias: otra tasa pública al agotar las dos anteriores, más los posibles importes privados de gestión y presentación.

Otros cargos contractuales: renovaciones, cambios o cancelaciones, solo si aparecen en las condiciones del centro.

La suma no puede conocerse de antemano sin un presupuesto concreto y sin saber cuánta formación será necesaria. Lo que sí puede comprobarse es la naturaleza de cada cargo: tasa estatal, servicio sanitario privado o servicio de formación y gestión. Esa separación evita confundir el precio anunciado por una autoescuela con el coste completo del permiso.