Los 4.000 millones autonómicos aún no son inversiones ejecutadas

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El Consejo de Ministros ha aprobado mediante un real decreto ley medidas fiscales y financieras para las comunidades autónomas. La pieza central es una habilitación: permite utilizar el superávit presupuestario de 2025 para financiar inversiones sostenibles durante 2026 y 2027. Por tanto, la aprobación abre una posibilidad presupuestaria; no reparte por sí misma una cantidad entre proyectos ya decididos.

El anuncio cifra en 4.000 millones de euros lo que estas medidas suponen movilizar. No equivale a 4.000 millones ya repartidos, comprometidos o ejecutados. El anuncio señala que pueden beneficiarse ocho comunidades: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Islas Baleares, Cantabria y Galicia.

El mecanismo cambia según el ejercicio del que procede el dinero. El superávit de 2025 puede financiar inversiones en 2026 y 2027. Para destinar superávits de ejercicios anteriores a inversiones, una comunidad debe cerrar 2025 con una deuda inferior al 12,4% de su PIB. Esas inversiones, además, no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.

También existe un techo individual: el importe total que una comunidad aplique como inversión financieramente sostenible en 2026 y 2027 no podrá superar su propio superávit de 2025. La cifra general anunciada no elimina ese límite ni convierte la capacidad potencial en una asignación idéntica para las ocho comunidades.

La vivienda aparece como ejemplo de política en la que pueden financiarse inversiones sostenibles, no como destino confirmado de una cantidad concreta. La secuencia correcta es esta: la norma habilita el uso del superávit, cada comunidad queda sujeta a las condiciones aplicables, después se concretan las inversiones y solo entonces puede producirse el gasto efectivo.